En el ámbito comercial y financiero de Colombia, los títulos valores juegan un papel crucial al representar derechos económicos a través de documentos formales. Estos instrumentos legales no solo facilitan el ejercicio de derechos literales y autónomos, sino que también son vitales para las transacciones comerciales, garantizando derechos específicos a sus portadores. La diversidad de títulos valores, como las letras de cambio, pagarés, cheques y bonos, cada uno con sus características y plazos de prescripción, subraya su importancia en el sistema económico. Además, los títulos ejecutivos, que permiten la ejecución judicial de obligaciones claras y exigibles, destacan por su relevancia en el cumplimiento de obligaciones contractuales. Este contenido explora las definiciones, clasificaciones y características esenciales de estos documentos, así como los plazos legales asociados a cada tipo.
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¿Cuál es la definición de títulos valores?
En Colombia, los títulos valores son documentos que representan derechos económicos y son esenciales para validar el ejercicio de derechos literales y autónomos que contienen. Según el artículo 619 del Código de Comercio, estos documentos pueden ser de carácter crediticio, corporativo o de participación, así como de tradición o representativos de mercancías. Es importante resaltar que un título valor no es un simple documento; es formal y debe cumplir con requisitos sustanciales para ser considerado como tal. Además, incluye declaraciones de voluntad, es decir, manifestaciones irrevocables y unilaterales hechas por las personas que lo suscriben, convirtiéndose así en actos jurídicos.
¿Qué son los títulos valores?
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Los títulos valores son documentos que permiten a su titular ejercer un derecho económico, ya sea de crédito, participación o representación de mercancías. En Colombia, estos documentos son fundamentales en las transacciones comerciales y financieras, ya que garantizan derechos específicos a sus portadores. Los títulos valores se clasifican en varias categorías, como letras de cambio, pagarés, cheques, bonos, certificados de depósito, cartas de porte, y facturas cambiarias, cada uno con sus propios plazos de prescripción y características.
Títulos ejecutivos
Por otro lado, los títulos ejecutivos son documentos que contienen obligaciones claras, expresas y exigibles, las cuales pueden ser demandadas judicialmente de manera directa. Según el artículo 422 del Código General del Proceso, estos documentos deben provenir del deudor o su causante y constituyen plena prueba contra él. Incluyen sentencias condenatorias, providencias judiciales, y otros documentos reconocidos por la ley. Es importante distinguir que, aunque una confesión hecha durante un proceso no constituye un título ejecutivo, sí lo hace la realizada en el interrogatorio previsto en el artículo 184.
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Clases de títulos valores y sus plazos de prescripción
Letras de cambio: La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del vencimiento, según el artículo 789.
Pagaré: Similar a la letra de cambio, prescribe en tres años desde el vencimiento, como se indica en el artículo 789.
Cheque: Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben en seis meses desde la presentación para el último tenedor, y para los endosantes y avalistas, desde el día siguiente al pago del cheque, según el artículo 730.
Bonos: Las acciones para el cobro de intereses y capital de los bonos prescriben en cuatro años desde la fecha de emisión, según el artículo 756.
Certificado de depósito y bono de prenda: Se aplican las disposiciones relativas a la letra de cambio o al pagaré negociable, según el artículo 766.
Carta de porte y conocimiento de embarque: Tienen un plazo de prescripción de la acción directa de tres años, de acuerdo con el artículo 771.
Factura cambiaria de compra venta: Se aplican las normas relativas a la letra de cambio, con un plazo de prescripción de tres años para la acción directa, según el artículo 779.
Títulos ejecutivos y sus plazos de prescripción
Los títulos ejecutivos se dividen en públicos y privados. Los públicos son aquellos otorgados con la intervención de una autoridad pública, como una sentencia judicial. Los privados son emitidos por particulares y adquieren carácter ejecutivo por reconocimiento expreso de la ley, como contratos de arrendamiento o actas de conciliación. Según el artículo 2536, modificado por la Ley 791 de 2002, la acción ejecutiva prescribe en cinco años, mientras que la acción ordinaria lo hace en diez. Una vez que la acción ejecutiva se convierte en ordinaria, dura otros cinco años. Si la prescripción se interrumpe o renuncia, el plazo comienza de nuevo.
