El gobierno nacional ha emitido el Decreto 1983 de 2017
para establecer normas sobre la distribución de acciones de tutela a los jueces encargados de conocer sobre la vulneración o riesgo de derechos fundamentales, especialmente aquellas dirigidas contra entidades públicas.
El Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017
expedido por el gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, tiene como objetivo modificar algunas reglas sobre el reparto de tutelas. Esto se debe a que el Decreto 1069, que regula el sector de justicia y derecho, no contempló normas al respecto y, por lo tanto, requiere regulación.
Es importante tener en cuenta que cuando una tutela se presente contra múltiples autoridades de diferentes niveles, será asignada al juez de mayor jerarquía.
Las tutelas contra entidades territoriales serán conocidas en primera instancia por los jueces municipales con jurisdicción en el lugar donde se produzca la amenaza o violación de los derechos fundamentales que se pretenden proteger.
Por otro lado, las tutelas dirigidas contra entidades nacionales serán conocidas en primera instancia por los jueces del circuito con jurisdicción en el lugar donde se presente la amenaza o violación de los derechos fundamentales.
En cuanto a las tutelas contra altos funcionarios de la república, los tribunales superiores de distrito judicial y los tribunales administrativos serán competentes para conocer en primera instancia de las acciones de tutela contra los actos administrativos de ciertos funcionarios públicos.
En el caso de las tutelas contra fiscales y procuradores, su conocimiento en primera instancia corresponderá a la autoridad judicial superior para la que actúen dichos funcionarios, siguiendo una regla específica.
Para las tutelas contra jueces o tribunales, su distribución en primera instancia corresponderá al respectivo superior funcional, de acuerdo a la jerarquía establecida.
En el caso de las tutelas contra la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, su reparto en primera instancia corresponderá a la misma corporación accionada, la cual resolverá la tutela en la sala, sección o subsección determinada en su reglamento interno.
