En la actualidad, es común que los empresarios soliciten diferentes tipos de garantías a sus deudores para proteger sus intereses en caso de incumplimiento. Sin embargo, es importante comprender que cada tipo de garantía tiene implicaciones específicas en la protección de los intereses del acreedor.
Una de las opciones legales que tienen los empresarios para proteger sus intereses económicos es establecer garantías o cauciones que respalden el cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor.
Según el artículo 65 del Código Civil, que se aplica en el ámbito mercantil, la caución se define como cualquier obligación que se asume para garantizar otra obligación, y puede manifestarse a través de la fianza, la hipoteca o la prenda.
La ley permite a los acreedores exigir la constitución de cauciones a sus deudores como una forma de mitigar el riesgo de incumplimiento. Esto significa que los acreedores pueden solicitar garantías a sus deudores para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
Además, el artículo 65 del Código Civil establece que las cauciones se dividen en reales y personales.
Las garantías reales recaen sobre bienes específicos y permiten al acreedor perseguirlos con prioridad sobre cualquier otra persona que los posea, como en el caso de la hipoteca y la prenda. Por otro lado, en las garantías personales, el garante no ofrece un bien en particular como respaldo, sino su patrimonio en general, como sucede en la fianza.
La hipoteca es una garantía real que se aplica únicamente a bienes raíces, naves y aeronaves. Para establecer una hipoteca, se requiere un contrato que cumpla con ciertos requisitos legales y que se registre en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos. Una de las ventajas de la hipoteca para el acreedor es la posibilidad de iniciar un proceso de venta forzada del bien hipotecado en caso de incumplimiento del deudor.
Por otro lado, la prenda es una garantía que recae sobre bienes muebles y puede incluir activos como vehículos, maquinaria o acciones. Según la Ley 1676 de 2013, la prenda se considera una garantía mobiliaria. El contrato de prenda puede ser con tenencia, donde el deudor entrega el bien al acreedor, o sin tenencia, donde el deudor conserva la custodia del bien.
Finalmente, la fianza es una garantía personal que se establece a través de un contrato regulado por el Código Civil y aplicable en el ámbito comercial. A través de este contrato, el fiador se compromete a garantizar el cumplimiento de una obligación en nombre de otra persona. Es importante que el consentimiento entre el acreedor y el fiador sea explícito para que el contrato de fianza sea válido.
