¿Por qué es necesaria una legislación para conglomerados financieros?
El proceso inicial comenzó el 7 de febrero y se prolongará hasta el 8 de noviembre de 2019. La Ley 1870 de 2017 refuerza la supervisión y regulación de los conglomerados en el país, introduciendo nuevas herramientas para agilizar los procesos de liquidación de entidades financieras.
El 7 de febrero de 2019 entró en vigor la Ley 1870 de 2017, también conocida como la Ley de conglomerados financieros, la cual otorga a la Superintendencia Financiera mayores herramientas para supervisar los 13 conglomerados financieros identificados, de los cuales cinco son locales y ocho son extranjeros. Entre los conglomerados nacionales se encuentran Sura-Bancolombia y Aval, mientras que a nivel internacional están Scotiabank Colombia y GNB Sudameris Colombia.
La implementación de esta ley se llevará a cabo por fases. La primera fase se extenderá hasta el 8 de noviembre de este año. Durante esta etapa, a los conglomerados nacionales se les asignará un código y se les notificará sobre la vigilancia que se les realizará. Aquellos con sede en el extranjero tendrán tres meses para demostrar equivalencia en los estándares de supervisión de sus entidades reguladoras en el exterior con los de Colombia.
En caso de no lograr dicha equivalencia, el conglomerado deberá establecer una sede operativa en Colombia o en una jurisdicción similar. Si para mayo de 2019 no se ha completado este proceso, deberán cesar sus operaciones en Colombia.
En la segunda fase, a partir del 8 de noviembre de este año, los holdings financieros deberán demostrar tener el capital adecuado para asumir los riesgos de su actividad. Finalmente, en la tercera fase, que inicia el 6 de febrero de 2020, los conglomerados deberán identificar sus entidades vinculadas y aprobar políticas de integridad y transparencia.
Supervisión y control de grupos empresariales
La ley refuerza la supervisión y regulación de los conglomerados financieros en el país, introduciendo nuevas herramientas para agilizar los procesos de liquidación de entidades financieras. Además, otorga a la Superintendencia Financiera mayor control sobre los grupos financieros y sus empresas matrices, incluso si estas no realizan directamente actividades financieras.
La Superintendencia Financiera podrá exigir a todos los conglomerados o grupos financieros un nivel de capital suficiente para respaldar los riesgos de su actividad, y tendrá la facultad de reorganizar, autorizar inversiones e incluso revocar licencias de funcionamiento.
Esto garantizará a los clientes de bancos y entidades financieras una mayor seguridad en sus recursos, al fortalecer la solidez y estabilidad financiera de los grupos, y del sistema en su conjunto. La ley también establece un mecanismo más eficiente para la liquidación de entidades financieras y protege los recursos públicos de los contribuyentes.
Además, se crea el Banco Puente, que facilitará la gestión de los activos de las entidades financieras en proceso de resolución, protegiendo así los recursos públicos de los contribuyentes que podrían ser utilizados en estos procesos.
¿Por qué es necesaria una legislación para conglomerados financieros?
Durante una presentación realizada por el superintendente financiero Jorge Castaño en septiembre de 2017 sobre esta ley, se destacó el crecimiento de los conglomerados financieros. Mientras que en 2006 existían 29 entidades subordinadas con activos por 3.861 dólares, para junio de 2017 ya había 331 entidades con un total de 89.842 dólares en activos.
Este rápido crecimiento ha presentado nuevos riesgos y la necesidad de regulación y supervisión, como la gestión de riesgos a nivel internacional, la prevención de conflictos de interés, la comprensión de la gestión integral de riesgos en estructuras más complejas y el concepto de «sistemicidad». Todo esto ha llevado a la necesidad de una nueva forma de supervisar y regular los conglomerados financieros desde su cúspide.
