La figura de la persona jurídica en el contexto de la propiedad horizontal es un elemento esencial que permite la gestión eficiente de bienes comunes y el cumplimiento de obligaciones legales. Este ente ficticio, aunque no tiene existencia física, posee derechos y deberes similares a los de una persona natural, requiriendo una representación adecuada para actuar en su nombre. En Colombia, la Ley 675 de 2001 regula la creación de estas entidades en el ámbito de la propiedad horizontal, asegurando que los propietarios de bienes privados puedan administrar y proteger sus intereses colectivos de manera efectiva. La designación de un administrador por parte de la asamblea general de propietarios o el consejo de administración es crucial para garantizar la correcta gestión y representación legal de la persona jurídica, permitiendo la adaptación y respuesta a las necesidades de la comunidad.
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En primer lugar, se aborda el tema de la persona jurídica y su representación.
En el mundo de la propiedad horizontal, la figura de la persona jurídica juega un papel crucial. Esta entidad no es más que un ente ficticio, creado por la voluntad de los individuos que la constituyen, como una especie de «persona» que tiene derechos y obligaciones, similar a cualquier persona natural. Aunque no tiene existencia física, la persona jurídica puede tener un nombre, un patrimonio y, por supuesto, obligaciones fiscales. Todo esto se traduce en la necesidad de designar a alguien que actúe en su representación, ya sea entre personas naturales o jurídicas asociadas.
La persona jurídica es un ente ficticio que surge de la voluntad de otros individuos que lo constituyen.
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En Colombia, la persona jurídica es fundamental para la gestión de propiedades horizontales. A pesar de su naturaleza ficticia, puede celebrar contratos, adquirir bienes y asumir obligaciones, lo que la convierte en un actor esencial en la administración de un edificio o conjunto residencial. La ley exige que esta persona jurídica esté representada por alguien que pueda tomar decisiones en su nombre, asegurando así que se cumplan sus derechos y deberes.
La Ley 675 de 2001 establece que la propiedad horizontal, una vez constituida legalmente, da origen a una persona jurídica conformada por los propietarios de los bienes privados.
La Ley 675 de 2001 es la que regula todo el tema de la propiedad horizontal en Colombia. Una vez que un edificio o conjunto residencial se constituye legalmente bajo esta ley, se crea una persona jurídica conformada por los propietarios de los bienes privados. El objetivo principal de esta persona jurídica es administrar de manera adecuada y eficaz los bienes comunes, además de cumplir con las normativas legales y el reglamento interno de la propiedad horizontal.
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En cuanto al administrador del edificio o conjunto, la representación legal y la administración corresponden a un administrador designado por la asamblea general de propietarios o por el consejo de administración.
El administrador es una figura clave en la gestión de la propiedad horizontal. Es designado por la asamblea general de propietarios o por el consejo de administración, y es quien lleva la batuta en la representación legal y la administración diaria del edificio o conjunto. Los actos y contratos que celebre el administrador en el ejercicio de sus funciones se atribuyen a la persona jurídica, siempre y cuando cumplan con las normas legales y reglamentarias. Esto significa que el administrador debe actuar siempre en beneficio de la comunidad, siguiendo las directrices establecidas por la asamblea y el reglamento interno.
En relación al periodo del administrador y los trabajadores contratados, es importante destacar que el administrador siempre será de libre nombramiento y remoción, independientemente de la duración de su mandato.
El administrador, a pesar de su importancia, está sujeto a la voluntad de la asamblea de propietarios. Puede ser nombrado o removido en cualquier momento, sin importar la duración de su mandato. Esto le da a la comunidad la flexibilidad de cambiar de administrador si las cosas no van por buen camino. Sin embargo, los trabajadores contratados por la persona jurídica, a través de su representante legal, gozan de una estabilidad laboral relativa. Sus contratos pueden ser a término fijo, indefinido o por una labor específica, y no están sujetos a la misma condición de libre remoción que el administrador. En caso de despido, podrían tener derecho a indemnizaciones según lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, lo que les brinda cierta seguridad en su empleo.
