La Ley 1995 de 2019 en Colombia introduce restricciones significativas en el aumento del impuesto territorial unificado, buscando equilibrar la carga tributaria sobre los propietarios de inmuebles. Esta normativa establece límites claros al incremento del impuesto, vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y otros criterios específicos, con el objetivo de proteger a los contribuyentes de incrementos desproporcionados. Además, ofrece la posibilidad de revisión de avalúos catastrales, permitiendo a los propietarios solicitar ajustes si consideran que el valor asignado no refleja la realidad de su propiedad. Con estas medidas, el gobierno colombiano pretende asegurar un sistema tributario más justo y equitativo, aliviando la carga económica sobre las familias y promoviendo un cumplimiento más accesible de las obligaciones fiscales.
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Restricciones en el aumento del impuesto territorial unificado
En Colombia, el tema de los impuestos siempre ha sido un asunto que genera múltiples debates y preocupaciones entre los ciudadanos. El impuesto territorial unificado no es la excepción, y la Ley 1995 del 20 de agosto de 2019 ha traído consigo una serie de cambios significativos que buscan poner orden en este ámbito. Uno de los aspectos más destacados de esta ley es la posibilidad que tienen los dueños de propiedades de solicitar una revisión de los avalúos catastrales. Esto es fundamental, ya que el valor catastral de un inmueble es la base sobre la cual se calcula el impuesto territorial.
Nuevo sistema de pago por cuotas del impuesto territorial
La Ley 1995 no solo establece límites en el incremento del impuesto territorial, sino que también introduce una modalidad alternativa de pago por cuotas. Esta opción está disponible para los contribuyentes personas naturales que sean propietarios de bienes o terrenos de uso residencial. La idea es facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, evitando que los dueños se vean abrumados por un único pago anual.
Este sistema de pago por cuotas es una respuesta a las críticas que ha recibido el impuesto territorial por su metodología de cálculo. Muchas veces, los contribuyentes se han encontrado con incrementos en sus impuestos que no se corresponden con la realidad económica del país o con la capacidad de pago de las familias. Con esta nueva modalidad, se busca aliviar un poco esa carga, permitiendo que el pago del impuesto se realice de manera más cómoda y accesible.
Restricciones en el aumento del impuesto territorial unificado
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El artículo 2 de la Ley 1995 de 2019 es claro en establecer límites al incremento del impuesto territorial. Para los terrenos cuyo catastro ha sido actualizado, el aumento no podrá superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más ocho puntos porcentuales. En el caso de terrenos que no han sido actualizados, el límite es del 50% del monto liquidado el año anterior.
Además, para las viviendas de estratos 1 y 2, cuyo avalúo catastral no supere los 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el aumento anual del impuesto no podrá superar el 100% del IPC. Esto es especialmente relevante en un país como Colombia, donde una gran parte de la población pertenece a estos estratos socioeconómicos y cualquier incremento desmedido en los impuestos podría afectar gravemente su economía familiar.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos límites no aplican en ciertos casos, como terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados pero no edificados, y terrenos que eran lotes no construidos o construidos y cuyo nuevo avalúo se origine por la construcción realizada. Esto significa que, en estos casos, los propietarios podrían enfrentar incrementos más significativos en sus impuestos.
Propietarios pueden solicitar revisión de avalúos catastrales
Una de las herramientas más valiosas que ofrece la Ley 1995 es la posibilidad de solicitar una revisión del avalúo catastral. Si un propietario considera que el valor asignado a su propiedad no se ajusta a las características y condiciones reales del terreno, puede presentar una solicitud ante la autoridad catastral. Esta tiene un plazo de tres meses para resolver la petición.
Es importante destacar que la revisión del avalúo no modifica los calendarios tributarios municipales ni distritales. Cualquier cambio solo entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente al acto administrativo que ordenó su anotación. Además, si un contribuyente presenta un recurso de reconsideración sobre el impuesto territorial, este tendrá un efecto suspensivo de la obligación, lo que significa que no tendrá que pagar el impuesto hasta que se resuelva el recurso.
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Por otro lado, los contribuyentes también tienen la opción de solicitar la devolución o compensación de saldos a favor dentro de los cinco años siguientes al vencimiento del plazo para pagar, o al momento de su pago. Esto es una ventaja para aquellos que, por alguna razón, han pagado de más y buscan recuperar ese dinero.
Sistema de pago alternativo por cuotas del impuesto territorial
El artículo 6 de la ley introduce el sistema de pago por cuotas, una alternativa que busca hacer más llevadero el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Los contribuyentes personas naturales propietarios de bienes o terrenos de uso residencial pueden optar por este sistema, ya sea mediante solicitud o de manera automática, dependiendo de las regulaciones emitidas por la administración territorial.
El impuesto territorial es una de las principales fuentes de recaudo en las ciudades y municipios del país. Sin embargo, ha sido objeto de críticas por la metodología aplicada en su cálculo. Con la implementación de la Ley 1995, se espera que estas críticas disminuyan y que el sistema tributario sea percibido como más justo y equitativo.
En conclusión, la Ley 1995 de 2019 representa un esfuerzo significativo por parte del Gobierno colombiano para regular el impuesto territorial y garantizar que su cobro sea justo y equitativo. Con la posibilidad de revisar los avalúos catastrales y el nuevo sistema de pago por cuotas, se busca aliviar la carga tributaria sobre los contribuyentes y evitar incrementos desmedidos que puedan afectar la economía de las familias colombianas.
