En este análisis, exploraremos las modificaciones legislativas que se implementaron en Colombia durante los años 2018 y 2019, enfocándonos en cómo estas afectan la gestión de utilidades en fondos de capital privado y de inversión colectiva. Revisaremos las implicaciones de las Leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019, así como los decretos asociados, que han redefinido el momento de la retención fiscal, alineando el reconocimiento de ingresos con el flujo de efectivo real. Además, analizaremos el impacto de la Sentencia C-481 de 2019 de la Corte Constitucional y el papel del Decreto 1054 de 2020 en la implementación de estas reformas, con el objetivo de entender cómo estas medidas buscan equilibrar el sistema tributario para los inversionistas.
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Modificaciones en la Legislación de 2018 y 2019
En los últimos años, hemos visto una serie de cambios en las leyes colombianas que han afectado cómo se manejan las utilidades de los fondos de capital privado y de inversión colectiva. Específicamente, las Leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019, junto con los Decretos 1973 de 2019 y 1054 de 2020, han redefinido el momento en que se realiza la retención sobre estas utilidades, estableciendo que dicha retención solo se llevará a cabo en el momento del pago.
Decreto 1054 de julio 19 de 2020
El Decreto 1054 de 2020 vino a sustituir varios artículos del DUT 1625 de 2016, específicamente los artículos 1.2.1.2.4, 1.2.1.9.1.1 al 1.2.1.9.1.3 y 1.2.4.7.5 al 1.2.4.7.7. Este cambio fue necesario para alinear la normativa con los ajustes introducidos por las Leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019, en lo que respecta a la tributación del impuesto de renta para los partícipes de los fondos mencionados.
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Lo que hace este decreto es básicamente reiterar y reglamentar los cambios que ya se habían introducido en las leyes anteriores. Esto significa que los partícipes de los fondos ahora solo deben reconocer un ingreso fiscal cuando las utilidades sean efectivamente pagadas, y no cuando se generan, como era la práctica antes de la Ley 1943 de 2018. Este cambio busca alinear el reconocimiento del ingreso con el flujo de efectivo real, lo cual es más justo para los inversionistas.
Sentencia de la Corte Constitucional C-481 de 2019
La Sentencia C-481 de 2019 de la Corte Constitucional fue clave, ya que determinó que la Ley 1943 de 2018 seguiría vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. Esto obligó al Ministerio de Hacienda a emitir el Decreto 1973 de octubre 29 de 2019 para regular los cambios introducidos por dicha ley.
Antes de estos cambios, los partícipes tenían que reconocer un ingreso fiscal en el momento en que el fondo generaba utilidades, sin importar si estas se pagaban. Esto generaba una carga fiscal anticipada que no siempre se correspondía con la realidad económica del inversionista. Con las modificaciones, el ingreso solo se reconoce cuando las utilidades son pagadas, aplicando la retención en la fuente en ese momento. Esto alivia la carga fiscal y mejora la liquidez para los inversionistas.
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Impacto de la Ley 2010 de 2019
La Ley 2010 de 2019 retomó varios de los ajustes de la Ley 1943 de 2018, especialmente en los artículos 18-1, 23-1, 368-1 y 793 del Estatuto Tributario. Sin embargo, se hicieron excepciones con los nuevos incisos agregados al artículo 23-1. Para asegurar que estas disposiciones se implementaran correctamente, se expidió el Decreto 1054 de 2020, que repitió las disposiciones del Decreto 1973 de 2019.
Estas reglamentaciones establecen las condiciones para el reconocimiento del ingreso de los partícipes en el momento en que se les paguen las utilidades, así como para la práctica de retenciones en la fuente. Las nuevas reglas aplican a los fondos creados a partir del 1 de enero de 2019, mientras que para los fondos existentes hasta diciembre de 2018, las reglas vigentes se mantendrán hasta el 30 de junio de 2021.
En resumen, estos cambios buscan hacer más equitativo el sistema tributario para los inversionistas en fondos de capital privado y de inversión colectiva, alineando el reconocimiento de ingresos con los pagos reales y mejorando la liquidez de los partícipes. Aunque puede parecer un tema complejo, estas modificaciones son un paso hacia un sistema fiscal más justo y eficiente en Colombia.
